La denuncia fue formalizada por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto Garavito. Los funcionarios investigados son el teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina; los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte; los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo; los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez.
La investigación fiscal argumenta que los altos mandos de la PNP abusaron de su alta jerarquía y ordenaron el uso de la fuerza pública de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal. Emplearon armas potencialmente letales y municiones prohibidas para impedir que los manifestantes se movilicen hacia el Palacio de Gobierno.
Asimismo, no solo dirigieron el uso indiscriminado de la fuerza contra los protestantes, sino también contra periodistas que cubrían las movilizaciones aun cuando estos portaban su credencial de “prensa”.
“Estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional (…) La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del Gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, sustenta la fiscal en su denuncia.
Denuncia constitucional contra Merino
El último 4 de octubre, la Fiscalía de la Nación presentó también una denuncia constitucional contra el ex presidente interino, Manuel Merino de Lama, y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón César Augusto por el mismo caso.
La acusación incluye el presunto delito de homicidio contra Inti Sotelo y Bryan pintado, así como lesiones graves y leves contra 78 ciudadanos que participaron en las manifestaciones.
La República
